Derechos Humanos, Estado y Poder Público, por Leonardo Montilla

Los derechos humanos son expresión de dignidad en la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano, no puede ser usado para bloquear o eliminar atributos inherentes al ser. El Poder Público es el sustento del derecho constitucional, que rige las fuentes objetivas y subjetivas, deberes y derechos  del  Estado, cuya razón de ser históricamente es el bien común.

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que esta estructura tiene el deber de respetar y garantizar, al igual que está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Un Estado que en la actualidad conculque los derechos humanos y los derechos constitucionales es contrario a una visión democrática y civilizada de la contemporaneidad; es simplemente un Estado monárquico, cuya razón de ser es el poder omnipresente e individual.

Una de las características resaltantes de la humanidad es el reconocimiento de que todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de derechos fundamentales que la sociedad no puede arrebatarle lícitamente. Estos derechos no dependen del reconocimiento por parte del Estado ni son concesiones suyas; tampoco dependen de la nacionalidad de la persona ni de la cultura a la cual pertenezca, son derechos universales que corresponden a todo habitante de la Tierra. La expresión más notoria de esta gran conquista es el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”

Los venezolanos nuevamente presenciamos las más brutales contradicciones que ocurren en la relación Estado-ciudadano-derechos humanos, al ver cómo la Constitución, norma de convivencia y cohabitación de la República se violentada desde las más altas instancias del Poder Público Nacional, conducido circunstancialmente con una evidente visión militarista, antidemocrática y hegemónica.

La decisión del TSJ sobre la inmunidad parlamentaria, eliminando uno de los preceptos fundamentales del ejercicio del poder legislativo, así como la extralimitación de los poderes militares, penales y civiles del presidente de la República en el marco del estado de exención abren la compuerta de un Estado monárquico, antidemocrático e inconstitucional, donde por vía de una interpretación circunstancial de la Constitución por parte de los magistrados, niegan los elementales derechos de participación y representación del pueblo venezolano, es decir una evidente violación a los derechos humanos de quienes habitamos en esta tierra venezolana.

El Poder Público Nacional está constituido por todas aquellas instituciones u órganos del Estado, señaladas en Nuestra Carta Fundamental, con competencia a nivel nacional, regional y municipal, por lo tanto su funcionamiento o competencia corresponde a las disposiciones constitucionales, hacer lo contrario es actuar contra la República y contra sus ciudadanos. Violando los derechos inherentes a la dignidad de convivencia pacífica y civilizada.

En una breve reseña histórica constitucional del mundo occidental, nuestra concepción en derechos humanos, poder público y Estado, radica en Inglaterra donde emergió el primer documento significativo que establece limitaciones de naturaleza jurídica al ejercicio del poder del Estado frente a sus llamados súbditos: la Carta Magna de 1215, la cual junto con el Hábeas Corpus de 1679 y el Bill of Rights de 1689, pueden considerarse como precursores de las modernas declaraciones de derechos en nuestro tiempo. Estos documentos, que si bien, no se basan en derechos inherentes a la persona sino en conquistas de la sociedad, muestran los derechos del pueblo en relación al uso del poder, establecen los deberes para el gobierno con la población; ahí es donde nace la obligación de la institución gobierno como parte del Estado para con la gente. Es decir el Poder Público sirve, no se sirve. La izquierda fracasada que en mala hora gobierna la patria parece que olvidó la concepción histórica de los procesos sociales, se les olvidó el marxismo.

Por tal motivo es que cada actuación, cada intento de violentar la Constitucion por parte del Presidente y élite militar cívico, es una violación a los derechos humanos de los venezolanos. Exigir elecciones es cumplir con la patria, con nuestros derechos y con el futuro que debemos construir. Los venezolanos queremos votar.

@LeoMontilla

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